El resguardo indígena Jaidukamá está ubicado en la vereda San Matías de Ituango, Norte de Antioquia, y para llegar allí es necesario viajar durante dos días.
Líderes y representantes del pueblo Emberá Eyábida del municipio de Ituango, Antioquia, celebraron la noticia sobre la restitución de 3.336 hectáreas, algo que se da como resultado de una demanda presentada ante la justicia, por parte del Gobierno Nacional a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
“Celebramos que se haya generado una sentencia protegiendo el territorio de la comunidad indígena Emberá Eyábida del municipio del Ituango, un proceso que viene liderando la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas”, expresó Richar Sierra, líder indígena de Antioquia.
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De acuerdo con la URT, fue el Juzgado II Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia quien ordenó restituir los derechos étnico-territoriales al resguardo Jaidukamá, del pueblo indígena Emberá Eyábida. La sentencia emitida es a favor de 407 personas pertenecientes a 100 familias.
“Esta decisión es para destacar, pues es la segunda sentencia en beneficio de las comunidades étnicas del departamento. La Dirección Territorial Antioquia busca restituir los derechos del pueblo Emberá Eyábida, sujeto priorizado por los acuerdos de La Habana en lo relativo al capítulo étnico”, explicó John Jaime Posada Gómez, director territorial de la URT.
Representantes de esta comunidad expresaron que acciones como estas contribuyen a la paz en los territorios: “Para esta comunidad puntualmente es un salvaguarda para garantizar su existencia y su pervivencia física y cultural”. También, hay que destacar que dentro de la sentencia se activa una serie de rutas de protección”, agregó Richar Sierra, líder indígena de Antioquia.
El resguardo indígena Jaidukamá de Ituango ha sido víctima de acciones como la muerte de sus integrantes por la presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar; además, de confinamientos, desplazamientos forzados y amenazas.
De acuerdo con los líderes indígenas, tras el fallo a favor de esta comunidad, también se busca garantizar no solo la reparación, sino la prevención ante nuevos hechos de violencia que afecten a esta población.